Laritza Lezcano No hay comentarios

Por más de una década Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela que hoy por hoy terminan por impactar en el ámbito industrial y comercial internacional. Actualmente, las sanciones se han extendido al mercado del crudo, afectándose las exportaciones e importaciones de dicha materia prima del suplidor y sus demandantes.

A pesar de que mucho se versa sobre alternativas al crudo, éste continúa siendo la fuente de energía por excelencia utilizada en el ámbito industrial y para el abastecimiento de una serie de servicios que satisfacen las necesidades de los seres humanos. Por lo que las sanciones impuestas por parte de Washington a Caracas con respecto al mercado de crudo de este país sudamericano son un tópico de relevancia en el mundo económico, financiero y político internacional.

¿Qué acontece en el mercado?

El mercado de crudo, relativo a otros mercados, es limitado al dominio de un número reducido de países que se caracterizan por poseer los yacimientos más abundantes del mundo. Entre estos los miembros de la Organización de los países Proveedores de Petróleo (OPEP), que distribuyen entre el 80%-85% del crudo a nivel global.

Entre los miembros se ubica a Venezuela, quien en la historia ha sobresalido como protagonista en este mercado dado a la riqueza que posee en cuanto a esta materia prima. Sin embargo, con el posicionamiento -al parecer a perpetuidad- de los regímenes autoritarios en las últimas décadas, el mercado del crudo de este país ha dado un giro significativo para localizase hoy en día en altos niveles de incertidumbre.

Entre los eventos más recientes destacan las continuas sanciones que el gobierno de Trump ha impuesto en el transcurso del período 2019 y que llevan por objeto la limitación de transacciones no solo de empresas y ciudadanos estadounidenses con Venezuela, sino también la potencial sanción a otros participantes del mercado dedicados a la producción y distribución de petróleo y otros derivados del crudo.

Las primeras sanciones para este mercado se reportan en enero 2019 al congelarse los activos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ubicados en Estados Unidos (EE.UU.) y al mismo tiempo prohibiéndose las transacciones entre ciudadanos estadounidenses y esta compañía. Esta acción es el detonante de una serie de limitaciones tanto para la exportación como para la importación del crudo y otros derivados del combustible.

Frente a esta acción, el giro normal de importantes compañías se podía ver afectado de manera significativa, por lo que a esas fechas se extiende una licencia temporal por parte de la Oficina de Control de Activos Estadounidenses (OFAC) a subsidiarias de PDVSA -PDVH y CITGO- así como a otras compañías estadounidenses. Considerado como un acto de relajación relativo a previas acciones, se mantuvo el pago de beneficios a PDVSA a una cuenta bloqueada en la jurisdicción de EE.UU. por lo que esta última continúa siendo privada de los ingresos producidos.

Posteriormente, las sanciones al mercado y sus participantes en el ámbito local como internacional continuaron. Para abril 2019 se reporta la aplicación de pena a 44 naves y 6 compañías navieras que se identificaron transportando el crudo de Venezuela, incluyendo 5 naves que transportaron la materia prima a cuba. Posteriormente, se derogan las sanciones de 8 de las naves citadas (julio 2019).

Las acciones en materia de penas a quienes lleven adelante transacciones que beneficien de una u otra forma el actual régimen, han llegado a tener una repercusión en las decisiones de negocios de jugadores importantes. Tal es el caso de la Corporación Nacional de Petróleos de China (CNPC) quien acorde a medios de comunicación internacional ha decidió paralizar el cargo de barriles venezolano para agostos 2019. Las proyecciones preveían el cargo de 5 millones del crudo, por lo que el mercado asiático y todo producto que depende de la materia prima se espera disminuya en similar proporción. A pesar de que se ha manifestado que dicha suspensión sea temporal, existe incertidumbre sobre hasta qué punto se pueda extender la decisión ya que está se encuentra condicionada a una relación geopolítica de la cual no se esperan señales de mejoras en el mediano ni mucho menos en el corto plazo.

¿Por qué el mercado de crudo?

A primera instancia se podría atribuir a la importancia que dicho mercado tiene para la economía venezolana, el cual ha llegado a aportar hasta el 95% de los ingresos de exportación de este. Sin embargo, consultando el historial de sanciones impuestas por más de una década por parte de diversas administraciones del gobierno de EE. UU, se deduce más bien como un esfuerzo mucho más agresivo de debilitar al actual régimen autoritario.

Consultando la cronología de acciones suscitadas en la materia, las primeras sanciones se reportan entre el 2004-2005 contra ciertos ciudadanos venezolanos y la revocación de cientos de visas justificándose estas en un intento por combatir actividades ilícitas. Para el período 2014 las acciones continúan bajo la administración de Obama, quien mediante orden ejecutiva dicta sanciones relacionadas con la protección de los derechos humanos mediante la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y La Sociedad Civil de Venezuela. Las acciones no cesan, reportándose en marzo 2015 orden ejecutiva que llevaba por objeto el congelar activos y el revocar visas de ciertos ciudadanos que se identificaban como relacionados con actos contrarios a los derechos humanos de los civiles. En 2016, los esfuerzos de defensa se mantienen al extenderse la continuidad del Acta del 2014 hasta el período 2019.

Para el período 2017 ya las sanciones toman un objeto distinto, esta vez dirigidas a la limitación de transacciones financieras. Mediante orden ejecutiva la administración de Trump prohíbe a ciudadanos y compañías de EE. UU la compra de deuda emitida por el gobierno venezolano, incluyéndose las emisiones de PDVSA.

Al limitarse la emisión de deuda como alternativa de obtención del recurso monetario, el gobierno venezolano valiéndose de la innovación procede a emitir una moneda digital denominada el ‘petro’, la cual siendo alternativa de inversión a la deuda nacional es incluida en la lista de sanciones por parte de EE. UU en el 2018 prohibiéndose así su adquisición.

Impacto

En base a como se han suscitado los hechos en materia de sanciones, las acciones se han intensificado análogo a un enfoque ‘de abajo arriba’, siendo los primeros objetos a penalidad los ciudadanos que figuran en la administración gubernamental hasta extenderse a las relaciones comerciales e industriales internacionales.

El impacto ha tenido sus repercusiones en el ámbito local, considerando que los ingresos de exportación de crudo han disminuido aproximadamente un 60% en referencia a la disminución del 40% reportada para enero 2019. Por otro lado, las importaciones de combustible por parte de Venezuela limitan la mezcla del crudo puro y el abastecimiento de energía a los medios de transporte y otros sectores.

En cuanto al ámbito internacional, los hechos aquí citados en nota hablan por sí solos. Una serie de compañías a las que se les extiende licencia en busca de un respiro frente a la incertidumbre de potenciales afectaciones a sus operaciones, mientras otras compañías del calibre de CNPC -3era entre las refinerías de crudo y productora de sus derivados- deciden limitarse para no exponerse a potenciales repercusiones.

¿Hacia dónde se dirige el mercado del crudo? Es la interrogante que continua anteponiéndose frente a un panorama internacional que no parece dar señales de mejoras, principalmente en lo que a riesgos geopolíticos respecta.

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