COVID-19 PONE EN DESACELERACIÓN LA CONVERGENCIA ECONÓMICA

julio 21, 2020

Hoy día, la suma de los retos a los que nos enfrentamos en materia económica, social, política y sanitaria, son un promotor de desigualdad. ¿Qué impone esto a la convergencia económica?

La convergencia económica es la transición de países en desarrollo y emergentes a economías avanzadas, condicionada a la disponibilidad de los recursos que promueven la capacitación del capital humano.

Este último, un aspecto fundamental como promotor del crecimiento y la riqueza. Dicha afirmación ilustra cómo la desigualdad no tiene cabida en este contexto. Por lo que se torna importante que nos volquemos a determinar la realidad de la desigualdad, los aspectos que la promueven actualmente y qué acciones deberían de ponerse en práctica para disminuir sus afectaciones.

La desigualdad es un aspecto de distinción que se establece desde la definición de clases sociales. Tal como lo definen los conceptos del 0,01% y 1%, que determinan niveles de poder adquisitivo y capacidad patrimonial. Indicadores que se generan de factores como la educación y las ocupaciones profesionales. Mientras exista el acceso a la educación y otros aspectos base como la salud, habrá oportunidades de entrar en mejores niveles y promover generaciones que mejoren su calidad de vida.

Recordemos que la desigualdad tiene diversas caras. Por lo que su determinación escapa del simple hecho de la diferencia de ingresos, un aspecto que solo es parte de la amplia definición de disparidades sociales.

La desigualdad supone una diferencia de oportunidades en cuanto al goce o acceso a la educación, la salud, el trabajo formal, traduciéndose en exclusión social y marginalización, lo que limita la convergencia que depende en gran parte del desarrollo de capital humano.

El tema de la desigualdad es del interés internacional, por lo cual a partir de 1990 se han potenciado increíblemente los esfuerzos por reducir la pobreza. De acuerdo con los indicadores, desde ese entonces se ha logrado una reducción del 35% a menos del 10%. Sin embargo, en el panorama actual, se teme que los avances en la reducción de pobreza estén en riesgo.

En lo que respecta al ámbito internacional, se estima que aproximadamente 1,200 millones de jóvenes han visto interrumpida su educación. Esto sin contar los retos que traen consigo los nuevos sistemas de educación, donde los países en desarrollo y emergentes no se encuentran en capacidad de proveer el aprendizaje por medio del uso de la tecnología.

Otro aspecto promotor de desigualdad es el irrespeto a la institucionalidad. Cuando no existe el respeto a las leyes que delimitan la conducta de la sociedad como un colectivo, se propician los actos de poca transparencia. Estos últimos generalmente relacionados con una administración ineficaz de los recursos económicos, o incluso termina en el clientelismo.

Cuestión de transparencia

Frente a la situación actual, somos testigos de cómo los organismos de transparencia internacional generan cuestionamientos a las economías latinoamericanas, una región donde particularmente la corrupción en el sector público se ha intensificado en la última década. No obstante, el índice de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional (2019), confirma que pocos son los países bajo análisis que reportan poco o ningún progreso contra la corrupción.

Entre las sugerencias para combatir las disparidades sociales y la falta de transparencia se plantea la promoción de la participación colectiva en las decisiones, así como la reducción de la influencia de los grandes capitales en la política.

El pronóstico de las consecuencias se agrava si nos volcamos a las afectaciones que puede tener el incremento de la desigualdad en los índices de pobreza. De acuerdo con los indicadores citados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en su informe ‘Determinando la desigualdad en tiempos de covid-19’ (FAO, 18 junio 2020), si el coeficiente de desigualdad GINI incrementa en un 2% por país, se podría esperar un aumento de la pobreza del 35% al 65%.

Tomando en consideración la actualización de las ‘Perspectivas de la economía mundial’ (FMI, junio 2020), deducimos que la desigualdad tiene a sus pies un escenario amplio para expandirse.

Podríamos vislumbrar, además, menos recursos a disposición de los sectores público y privado, menos plazas laborales, menos ingresos y menos oportunidades.

Al estar la convergencia condicionada a la disponibilidad de un recurso y de capital humano capacitado, se pone en cuestionamiento la capacidad de las naciones en desarrollo y emergentes a su transición.

Mientras, otros vinculan su éxito a aspectos de los ciclos económicos y determinados factores que tienden a propiciar lo que se define como crecimiento acelerado: Taiwan y Corea del Sur, luego de la Segunda Guerra Mundial, con los acelerados crecimientos promedio per cápita de los años 1990-2007, cuando las economías en desarrollo reportaron un crecimiento promedio de 2,5 puntos porcentuales por arriba de las economías avanzadas, elevándose a 3,5 puntos porcentuales entre 2000-2007.

Para abril de 2020, las publicaciones de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales confirmaban un crecimiento negativo del 3,0% para la economía mundial.

Sin embargo, se dejaba espacio para experimentar ciertas mejoras en los períodos consecuentes que podrían variar estos indicadores a resultados más favorables.

Como testigos de lo que acontece en el ámbito doméstico e internacional, es una realidad que la situación sanitaria no ha mejorado y que, por ende, el comercio trabaja a un mínimo del 20% de su capacidad.

Y esto, ¿en qué nos compete? Estos indicadores ponen en duda la convergencia o transformación de las economías en desarrollo y emergentes, a economías avanzadas, lo cual se traduce en mayores retos para la competitividad y posicionamiento, una lucha en la que solamente un PIB positivo o relativamente bueno tiene espacio para definir el éxito.

Es necesario concentrarse en otros aspectos, como la promoción de las oportunidades sociales y el respeto a la institucionalidad.

Encuesta – Administración Finanzas Personales Parte I

junio 18, 2020

En nuestro objetivo de apoyar a la integración formal de la práctica de Administración de Finanzas Personales en el ámbito local de Panamá y regional LATAM, solicitamos su apoyo en completar la encuesta “Administración de Finanzas Personales” Parte I, de la firma Lezcano Financial Group.

ENCUESTA – ADMINISTRACIÓN FINANZAS PERSONALES

Público: perfiles en general, entre las etapas de acumulación y retiro entre los 25 a 65 años.

Objetivos:

  • determinar percepción y conocimiento de la materia en la actualidad.
  • brindar datos objetivos a la sociedad sobre la consideración de la materia, conocimiento y uso.

Duración: 2 minutos

Datos se mantienen bajo estricta confidencialidad.

Cualquier consulta que tenga al respecto, no dude en contactarnos.

Régimen de insolvencia y otras alternativas para salvaguardar la continuidad de los negocios

junio 15, 2020

En el ámbito mercantil, doméstico y regional, son numerosas las pequeñas y medianas empresas que por su viabilidad podrían sobrevivir a las afectaciones económicas del Covid-19 bajo el amparo del régimen de insolvencia. Sin embargo, dada la reciente introducción de la normativa, hay un amplio desconocimiento sobre las ventajas de este recurso legal.

El régimen de insolvencia moderno es relativamente nuevo, tanto en el ámbito regional como internacional. De acuerdo con datos históricos, se origina en los años 70 en Estados Unidos, para luego ser reformado al suscitarse la crisis financiera –finales del siglo XX– y las hipotecas subprime entre 2007-2008.

Dicho régimen pone a disposición los procesos de resolución de insolvencia corporativa o en palabras más sencillas, la reorganización formal corporativa. A través de este se le otorga protección a los activos del comerciante, de ahora en adelante deudor, para que este pueda retomar sus actividades y producir el flujo que le permita pagar sus obligaciones frente a los acreedores, evitando de esta manera ser liquidado.

La reorganización no debe interpretarse como una solución solemne al deudor, ya que la misma favorece tanto a los acreedores como a la sociedad. Primero, porque la burocracia que implica el proceso exige la presentación de un plan detallado de reorganización corporativa con tiempos de cumplimiento. Por otra parte, es evaluado y aprobado por los acreedores que mantienen saldos por cobrar con el deudor. También se establece la figura de un administrador, el cual procura el cumplimiento del plan y asegura la generación de los flujos en los tiempos acordados. En lo que compete a la sociedad, se salvaguardan las plazas laborales, reduciéndose despidos inevitables que se suscitarían tras un cese de operaciones.

De estas afirmaciones evidenciamos que deudores, acreedores y la sociedad en general, tienen oportunidades. Mientras al primero se le otorga un salvavidas para reactivarse, el segundo incrementa las posibilidades de recuperar sus saldos al 100%, y el tercero mantiene su poder adquisitivo.

En América Latina se reportan 21 países con régimen de insolvencia activos. Sin embargo, esta es una ola de reformas institucionales en materia de leyes de bancarrota, introducida en el siglo XXI. Las tasas de recuperación, que hacen referencia a los centavos cuyo retorno obtienen los acreedores por US$, son mucho menores que las de los países industrializados, y los tiempos de resolución, mucho más largos.

La apertura de los procedimientos, la administración de los bienes del deudor, los procesos de reorganización y el nivel de participación de los acreedores, son variables que se evalúan. En lo que concierne a la tasa de recuperación, Latinoamérica se ubica muy por debajo del 0.82 de Estados Unidos. Siendo Colombia y México las economías con tasas que superan el 0.6 mientras Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela reportan 0.2. En lo que concierne a los lapsos de resolución se estiman entre 3 a 5 años, por encima del tiempo regular de 2 años en Norteamérica.

En cuanto a Panamá, los procesos de reorganización y liquidación se incluyen en la Ley de Insolvencia 12 del 19 de mayo de 2016. A su reciente introducción, es atribuible la baja tasa de recuperación de 0.3 y lapsos de resolución de 3 años.

Alternativas

Si bien es cierto que los procesos de reorganización formal son clave, no podemos obviar que la situación actual exige reformas, e incluso, la consideración de otras medidas que podrían no estar exactamente alineadas con el objeto de dicho formalismo, pero que sin duda alguna son un complemento importante para la respuesta inmediata y efectiva que se busca dar al riesgo sistemático.

Entre estas opciones, se indican las reorganizaciones informales. Procesos que extienden al deudor una oportunidad de negociación con los acreedores, limitando la burocracia de los procesos formales. Si bien pueden ser buenas herramientas en el rápido accionar, en este contexto de informalidad son especialmente valiosos los diagnósticos y recomendaciones basadas en evidencia que orienten al deudor a la formalidad y al cumplimiento. Al no garantizarse la protección en un tribunal de insolvencia, se corre el riesgo de que las negociaciones mal planteadas deriven en el fracaso del negocio.

Otra alternativa sería la liquidación voluntaria, considerando que representa la posibilidad de un nuevo comienzo a partir de la venta y la disposición de todos los activos para hacer frente a las deudas. Un escenario que sería comprensible en el contexto de un negocio que no reporta viabilidad alguna, sin embargo, no cuando este pueda subsistir, ya que termina siendo desfavorable primordialmente para los acreedores y la sociedad. De las liquidaciones, los acreedores no suelen recuperar el total, algo que es más probable en las reorganizaciones bajo el régimen.

¿Cuál es la decisión más acertada? Esta respuesta se determina a partir de factores como el rol de la política pública y la formalidad de las unidades económicas. La formalidad de la unidad económica condiciona la capacidad de optar por el amparo que otorga el régimen de insolvencia. Y de dicha formalidad carecen muchas unidades de pequeña y mediana envergadura. De acuerdo con el informe Las Mipymes en América Latina y el Caribe (OIT, 2018), dichas estructuras organizacionales se caracterizan por la informalidad. Esta, atribuible a la escasa percepción de los beneficios de la formalización mercantil y a la reducida fiscalización y escasa sanción al cumplimiento.

Consideraciones

De acuerdo con los indicadores (BM), las pymes en el ámbito mundial representan aproximadamente el 90% de los negocios y contribuyen a más del 50% de las plazas de trabajo. Contribuyendo al 40% del PIB nacional en los países emergentes y en desarrollo como la república de Panamá. De acuerdo con informe de la OIT (2018), de 11 millones de unidades económicas de mipymes, aproximadamente el 10% es medianas y grandes firmas en la región latinoamericana.

Según las perspectivas del mercado laboral mundial para 2030, se estima la necesidad de 600 millones de plazas para satisfacer la demanda de trabajo. En los mercados emergentes y en desarrollo, la mayor cantidad de plazas formales son creadas por estructuras organizacionales de mediana envergadura, estimándose 7 de cada 10 trabajos.

En el ámbito panameño el elevado número de solicitudes de suspensión de contrato refleja el estrés financiero en el que se ubican muchas de las empresas, principalmente pequeñas y medianas. Al 11 de junio de 2020, de 240 mil suspensiones solo se reportaban 12 mil plazas reactivadas. Según las autoridades, la tasa de desempleo podría elevarse a 20%, muy por encima del 16% registrado en el periodo de la invasión (Mitradel Panamá).

El rol de la política pública es importante. Que se promueva de ahora en adelante un ámbito mercantil forjado en torno a la normativa, fiscalizaciones y mercados más completos que preparen y ofrezcan soluciones frente a este tipo de contingencias. Salvaguardar la continuidad de las pymes con operaciones viables es imperativo, reduciendo así el costo social que su fracaso potencial implica.

Las finanzas personales, práctica que debemos adoptar en América Latina

junio 10, 2020

La planeación financiera holística hace referencia al proceso administrativo de la economía personal de forma comprehensiva. Es decir, el individuo se enfoca en planear y organizar diversas áreas que inciden en sus finanzas.

Los momentos de crisis exacerban una de las mayores incertidumbres que las personas pueden tener con respecto a su situación financiera personal: ¿cómo administrar mis recursos?

De dicho cuestionamiento se generan otras dudas en torno a la localización, principalmente con relación a los vínculos y los rendimientos. Todo esto crea una gran confusión sobre qué acciones emplear, por dónde empezar y el deseo de una respuesta inmediata.

Tal como lo ilustra la historia, la planeación financiera personal es la respuesta directa y más exacta a estas interrogantes. De acuerdo con los hechos registrados en la recesión de 1970, la estanflación –derivada del alto nivel de desempleo y la inflación– puso en contexto de riesgo los recursos de muchas personas.

Para estos años, la planeación financiera ya era una materia en estudio y práctica en Estados Unidos. Por lo que aquellos asesores que tenían conocimientos, actuaron en respuesta a una localización efectiva y a la implementación de vínculos financieros y legales que permitieran la administración eficiente y la protección. Por ejemplo, se registró un mayor uso de los beneficios fiscales y la localización de recursos en vínculos que permitieran la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Esta sensación de incertidumbre con respecto a nuestras finanzas personales, es una situación con la cual nos vamos a enfrentar todos en algún momento de nuestra vida, no necesariamente durante las crisis. Es importante que comprendamos la planeación financiera desde una perspectiva holística. Una práctica que trasciende la administración de los ingresos y los gastos, de la elaboración de un presupuesto y la creación de un fondo de emergencia.

¿Planeación financiera holística?

La planeación financiera holística hace referencia al proceso administrativo de las finanzas personales de forma comprehensiva. Es decir, el individuo se enfoca en planear u organizar diversas áreas que inciden en sus finanzas. Entre estas cabe mencionar, por orden de prioridades, la planeación enfocada a la cobertura de riesgos, organización patrimonial, fiscal, retiro, educación. Todas estas son de base para la estabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo.

La consideración de estas áreas en el proceso de planeación se comprende a mayores rasgos si tomamos como referencia las etapas de la vida que se determinan a partir de nuestra edad. Etapas en las que surgen diversas necesidades y deseos a los cuales se dará satisfacción a partir del recurso económico.

Breve caso escenario

A manera de ilustración entre la etapa de 30 a 40 años, la mayoría de las personas se encuentra con la necesidad de contar con una cobertura de riesgos, y mira la acumulación de patrimonio. Conforme se avanza en edad, son mayores los riesgos a los que el individuo está expuesto en el ámbito laboral y de salud, e incluso surge la responsabilidad de la protección a la familia. Por otro lado, las personas comienzan a adquirir activos, en su mayoría inmuebles, a razón de un mayor poder adquisitivo.

Deducciones

De estos eventos se da origen a la necesidad de una planeación financiera en la cobertura enfocada a la contratación de productos de seguros, los cuales deberían ser escogidos de acuerdo con nuestro perfil. Sin embargo, al no considerar la planeación, se termina por tomar decisiones desacertadas.

La acumulación de activos genera obligaciones, y surge la necesidad de la planeación patrimonial. De lo contrario, se suscitan los típicos casos de insolvencia personal.

La planeación financiera es un proceso complejo que engrana diversos temas del eslabón de las finanzas personales. Y es por lo que termina siendo una respuesta efectiva a la incertidumbre sobre cuál es la forma más eficiente de administrar mis recursos en tiempos de crisis, a medida que nuestros perfiles financieros se tornan más complejos.

La situación actual deja en evidencia la necesidad de poner en práctica la materia. Podríamos notar una mayor tendencia a su consideración y adopción en la generación de millenials y la generación Z en América Latina (estos son los grupos cuyas edades oscilan entre los 20 y los 55 años).

Retos

Las afirmaciones y hechos citados remarcan la importancia de las finanzas personales, sin embargo, debemos reconocer que existen limitantes para ciertos mercados, como el de América Latina, en cuanto a la adopción de estas prácticas.

Entre estas, cabe destacar la baja calidad de educación financiera y la informalidad económica que exacerban el tema de los no bancarizados (Informe de Inclusión Financiera, FELABAN 2019).

De acuerdo con los hallazgos publicados en el más reciente informe ‘Global Findex Database’ (2017), el 69% de los adultos en el ámbito global posee una cuenta de ahorros.

Se estima que 1,7 mil millones permanecen excluidos de los sistemas financieros, reportándose la mayoría en América Latina; y es el género femenino el de mayor representación. Dichos resultados se corroboran con la tendencia del hábito del ahorro, del cual se registra que el 50% de la población mundial lo practica, a diferencia de los países desarrollados donde el 71% de la población bajo análisis lo confirma.

Como una segunda limitante cabe señalar la carencia de una oferta de productos apropiados para la satisfacción de las necesidades y los deseos que surgen en cada una de las etapas de la vida. Tal como se indica en el ‘Informe de productividad del Banco de Desarrollo de América Latina’ (CAF, 2018): “Los sistemas financieros de la región latina muestran un importante rezago con respecto a regiones desarrolladas”.

En los países en desarrollo, como por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido, se emplean y ofertan productos muy variados que son estructurados específicamente para la satisfacción de las necesidades y cumplimiento de metas y objetivos.

En EE.UU. los planes 529 enfocados a la planeación educativa de los hijos y planes 401(k) que en conjunto con cuentas IRAS y fondos de pensión privada, ofrecen una mayor probabilidad de crear fondos para la jubilación. En lo que respecta a Reino Unido, hay un amplia variedad de esquemas de pensión privados.

Medidas

Entre mayor conocimiento tenga la sociedad sobre los conceptos financieros, se promueve una mayor comprensión de los beneficios.

En el ‘Reporte de economía y desarrollo de la CAF’ (2011) se confirma que “existe una correlación positiva entre el acceso a los servicios financieros y el ingreso familiar. Sin embargo, dicha correlación no es equivalente al uso de los servicios financieros y el ingreso”.

Es decir, que la falta de integración de nuevos productos no necesariamente es un déficit de recursos, sino de desconocimiento de conceptos y beneficios.

De mejorar la educación, se podría esperar que los individuos se interesaran por vínculos apropiados para la satisfacción de sus necesidades y deseos y, por ende, una mayor inclinación a las finanzas personales.

Así lo establece el ‘Informe de productividad del Banco de Desarrollo de América Latina’ (CAF, 2018): “Un mayor desarrollo financiero no solo implica que el sistema financiero sea grande y eficiente, sino que también provea instrumentos financieros adecuados a distintas necesidades y que los ciudadanos tengan acceso efectivo a los mismos”.

Concluimos la importancia de adoptar y poner en práctica estos procesos con el objetivo de crear en la sociedad perfiles financieros más robustos que contribuyan a una economía país más estable.

Como se indica en el ‘Informe educación financiera en América Latina y el Caribe (OECD, 2013): “El uso de servicios y productos financieros es promotor de crecimiento económico en economías avanzadas y en desarrollo, apoyo a alivio de la pobreza, progreso social y crecimiento sostenible”.

Procesos Concursales de Reorganización, a disposición de las PYMES Panameñas

junio 10, 2020

Los Procesos Concursales de Reorganización incluidos en el Titulo I de la Ley 12 del 19 de mayo de 2016, de la República de Panamá, son una herramienta legal a la disposición de la pequeña y mediana empresa PYMES. Por lo cual se consideran una solución potencial a los temas de estrés financiero que pueden estar atravesando la Mediana Empresa panameña.

Procesos Concursales de Reorganización

Estos denominados procesos de reorganización otorgan al profesional/comerciante la capacidad de responder a sus obligaciones bajo un período de protección de sus activos. Período otorgado por un Juez que evaluará el potencial del negocio y el plan de reorganización presentado al grupo de acreedores interesados en cobrar los saldos pendientes. Vale la pena señalar que este es un proceso al cual se puede acoger la actividad viable, es decir, aquel negocio que en el período otorgado pueda producir los recursos para hacer frente a las obligaciones.

A partir de esta afirmación, determinamos que el proceso de reorganización implica:

  1. El solicitante o deudor.
  2. El Juez
  3. El administrador
  4. Junta de Acreedores

Para que se de inicio forma al proceso, el solicitante deberá de cumplir con una serie de requisitos financieros y presentación de documentos. Estos indicados en el artículo 31 del Capitulo I del Titulo I de la Ley 12 de Insolvencia. Entre dichos requerimientos se solicita la presentación de estados financieros debidamente firmados por Contador Público Autorizado (CPA), tanto del último período fiscal como interino. Por lo que estamos frente a un proceso que requiere de la Asesoría Financiera y Legal Integrada. Tal como se oferta por el equipo de Lezcano Financial Group y Lezcano Navarro Abogados.

¿Acuerdos directos con acreedores o proceso concursal de reorganización?

Esta es una interrogante que muchos tienen al considerar que sería más ágil el pactar un acuerdo con proveedores y evitar toda la burocracia que exigen estos procesos concursales de reorganización. Sin embargo, dicha burocracia conlleva a una protección segura además de que la fiscalización por parte de un administrador asignado por juez que vela con que se lleve a cabo el plan, y la indirecta pero muy directa presión de los acreedores por un éxito que asegure sus cobros, es prácticamente un pase al éxito. El profesional/comerciante se ve frente a un panorama empresarial donde el fracaso empresarial no tendrá cabida.

Para mayor información, consultar nuestro servicios en Planeación Financiera Corporativa. Compartimos un folleto con detalles específicos.

Planeación Financiera Corporativa

Confinamiento regulado, respuesta a las vulnerabilidades que emanan de la drástica relajación de cuarentena “COVID-19”

junio 1, 2020

Luego de las drásticas y rigurosas medidas de confinamiento, las principales economías del mundo, incluida la de Panamá, han iniciado un período de relajación o alivio con el objeto de abordar una reapertura progresiva. Sin embargo, el costo de oportunidad entre el bienestar económico y la salud es un llamado a la reflexión sobre la práctica de un confinamiento regulado.

Sobrepasado  60 días de paralización, las economías del mundo se ven forzadas a bajar la guardia frente a las perspectivas de crecimiento. De acuerdo con las estimaciones, la región de América Latina podría registrar una contracción del -5.3%, estando entre las economías más afectadas Argentina, México y Ecuador con un -6.5%, Nicaragua con un -5.9% y Chile con un -4.0% de crecimiento en su producto interno bruto.

En lo que respecta a los resultados más favorables, lidera Panamá con un -2.0%, Paraguay con -1.5% y Guatemala con un -1.3% (Cepal, proyecciones de crecimiento PIB de América Latina y el Caribe, 2020).

Frente a esta realidad y a las coyunturas de períodos fiscales anteriores, no es sorpresa que se registre a la fecha una ola de relajación, tras la contención, en busca de brindar cierto alivio económico.

Repasando los hechos regionales a la fecha en Latinoamérica, Argentina ha sido de los primeros países en dar inicio al alivio de medidas, aplicando un plan de 5 fases que empezó el 31 de marzo de 2020. Para ese entonces, la visión buscaba retomar la normalidad el 24 de mayo de 2020.

Sin embargo, dicho objetivo se vio truncado con el rebrote de casos en ciertas zonas geográficas clave del país. Entre estas, la ciudad de Córdoba y diversas comunidades de la capital de Buenos Aires.

Tras ello, se confirmó la extensión del confinamiento hasta el 8 de junio de 2020. Frente a esta decisión, la sociedad ha reportado un descontento por las presiones que ejercen los compromisos financieros y las necesidades que no pueden satisfacer por la carencia de recursos económicos. Antes de la crisis, la pobreza urbana de Argentina se estimó en 35.5%, y la infantil en 52.3%.

En la región, Chile no escapa de esta situación. Hace pocas semanas, el país trasandino comunicó un plan de relajación que abarca 3 partes. Primero, un retorno del sector público que da paso en la segunda fase a los trabajadores del sector privado y a la sociedad civil. Y por último, a los alumnos de los centros de estudio.

Sin embargo, en su intento reportó un rebrote que ha conllevado al dictamen de extensión de las medidas de cuarentena selectiva por comunas y provincias que registran los estados más críticos de propagación a la fecha, como lo es el caso de Gran Santiago.

Ambos escenarios confirman el costo de oportunidad que representa la búsqueda de la tranquilidad económica frente al sacrificio de la salud.

Así se evidencia la importancia de evaluar con objetividad las limitantes de materializar los planes particulares que cada jurisdicción ha puesto o considera poner en práctica. De lo contrario, los esfuerzos conllevan a retrocesos que terminan por intensificar la decepción de la sociedad, frente a un panorama tan incierto, como se suscita en Argentina y Chile.

Entre estos factores y eventos, además de ralentizar e incluso limitar la recuperación, ocasionan la caída potencial del comercio mundial entre el 13% y 32%, según la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por otra parte, se estima una caída de aproximadamente el 20% de las exportaciones latinoamericanas a China, de las cuales Perú y Chile tienen una significativa participación. Este último aspecto se agrava con la caída de la producción manufacturera mundial, la cual en febrero decayó en siete puntos de acuerdo con los indicadores (IHS Markit, 2020), afectándose seriamente el primer trimestre de 2020.

Liquidez

La falta de liquidez en las compañías conlleva a las reestructuraciones de costos con recortes de planillas o, incluso, al cierre de operaciones; también al desmejoramiento de las condiciones laborales como es la reducción de horas, e incluso menores salarios, lo cual es inevitable ya que no se puede exigir a una entidad pagar lo que no puede cumplir.

Todo lo anterior termina por entorpecer aún más los esfuerzos de alivio económico, porque se pone un freno a la demanda por la carencia de poder adquisitivo.

La Cepal, en su informe especial N° 2 ‘Dimensionar los efectos del Covid-19 para pensar en la reactivación’, presenta una división de los sectores de acuerdo con su peso en el producto interno bruto del país y una clasificación de tres grupos de acuerdo con la intensidad de la afectación.

En consideración a los sectores poco, medianamente y más afectados, Argentina, Chile y Panamá reportan que los sectores que contribuyen al 63.6%, 75.0% y 62.1% a su PIB, respectivamente, se ubican entre el grupo de los medianamente afectados, estos incluyen minería, manufactura, suministro de electricidad, gas y agua, inmobiliarias, intermediación financiera, administración pública, construcción, servicios sociales y personales.

En el panorama internacional, las expectativas también claman un accionar que haga frente a las vulnerabilidades económicas y sanitarias. En lo que respecta al PIB mundial de 2020, se estima un -2.0%, identificándose fuertes contracciones en Japón del -4.2% y en la Eurozona del -5.7%, para el cierre del período.

En Asia y Europa la relajación se ha reportado compartiendo una idea en común a los países latinoamericanos. Que el alivio debe de ser “lento y gradual”. Primordialmente por los rebrotes, que podrían desencadenar una fuerte ola epidémica como la de inicios del año.

Frente a estas amenazas, que representan la constante aparición de clúster del virus, como se ha reportado en Alemania, Corea del Sur y Japón, estos países trabajan para buscar soluciones en recursos que mantienen en el extranjero.

Tal como lo ilustra la relocalización de plantas de producción ubicadas en China y otras zonas que limitan los giros de negocio. En lo que respecta a Japón, la potencia económica ha destinado US$2.200 millones de los paquetes de ayuda a apoyar a las empresas a relocalizar su producción fuera de China. Una tendencia que se manifiesta en la Unión Europea y en Estados Unidos.

A partir de estos hechos podemos concluir que nuestra vulnerabilidad ante las variables socioeconómicas y sanitarias puede atrasar el objetivo de la reactivación, por lo que países como Panamá, que se encuentran en fases iniciales de alivio del confinamiento, deben utilizar estos ejemplos para modelar estrategias que minimicen los riesgos a los que estamos expuestos.

Más que una relajación o cancelación de medidas, se necesita de un confinamiento regulado claro. Porque la necesidad de hacer frente a las contracciones y dar respuestas apresuradas sesga, y al final no se logra subsanar absolutamente nada.

Crowdfactoring, pieza clave a la reactivación económica

mayo 26, 2020

Las medidas de contención del Covid-19 han generado numerosos retos para el mundo comercial en el ámbito internacional. Las empresas enfrentan presiones sobre sus líneas de capital de explotación y de liquidez, afectando su continuidad y perfil crediticio, ya que no cuentan con el flujo operativo y, por ende, no cumplen con sus obligaciones.

Frente a este panorama, las compañías requieren un financiamiento que sea ágil y que se acople a sus capacidades de pago.

Se trata de dos factores que escapan del financiamiento de la banca tradicional, donde los trámites burocráticos y los costos son cada vez más rigurosos y elevados.

El acceso limitado de la pequeña y mediana empresa al recurso económico de la banca es una realidad con más de una década en discusión en la región latinoamericana. Tal como está plasmado en el informe ‘Eliminando barreras: El financiamiento a pymes en América Latina’ (CEPAL, 2011), en el cual se hace énfasis a la burocracia y los altos costos entre las barreras. Diez años más tarde, todavía continuamos observando esta tendencia.

En el ámbito internacional, son diversos los profesionales que se han mostrado empáticos con esta situación y han decidido utilizar la tecnología financiera o fintech para desarrollar plataformas de financiamiento colectivo como solución a esta limitante.

De acuerdo con el informe sobre crecimiento y consolidación ‘Fintech en América Latina’ (BID y Finnovista, 2018), este medio de financiamiento se posiciona como el segundo servicio fintech con mayor crecimiento en la región. Para la fecha de publicación del estudio, este servicio representaba el 18% del total del ecosistema de la tecnología financiera, luego de los servicios de pago y remesa que ocupan el primer lugar con un 24%.

En Panamá no escapamos de esta realidad. Así lo demuestra el grupo de emprendedores panameños fundadores de la empresa Fortesza, una plataforma dedicada al financiamiento colectivo de facturas por cobrar o Crowdfactoring.

Roberto Aldrete, CEO y cofundador de Fortesza, describe la plataforma como un vínculo entre inversionistas y empresas que buscan financiamiento. “El inversionista ingresa a la plataforma, se registra, completa la debida diligencia, recarga saldo en su cuenta y procede a elegir facturas que desee financiar. Todas las compañías que alistan en nuestra plataforma deben cumplir con la debida diligencia y pasar los filtros que mitigan los riesgos para el inversionista. Recalcamos a estos últimos, que la decisión final es de ellos, por lo cual recomendamos realizar un análisis personal de la empresa en la que van a invertir”, explica.

Para Aldrete, las plataformas colectivas de financiamiento son de gran apoyo frente a la coyuntura económica actual. “La paralización multisectorial ha reducido los flujos operativos de empresas de diversa envergadura, poniendo en riesgo su continuidad”, afirma.

Fundada en 2017 e iniciando operaciones de venta en junio 2018, Fortesza es relativamente joven. Sin embargo, ha demostrado el dinamismo que caracteriza a las fintech, reportando un crecimiento acelerado en el mercado panameño, donde este ecosistema se clasifica como emergente.

De acuerdo con información de Fortesza, la plataforma registró aproximadamente $14 millones en financiamiento para el primer trimestre de 2020. Lo cual representa un incremento del 17% versus la cartera de $12 millones registrada en diciembre de 2019.

Erick Medina, director de Operaciones y cofundador de Fortesza, considera que la industria fintech es prometedora, principalmente por su alternativa como solución frente a contingencias para las cuales los medios convencionales no están adaptados. “Frente las medidas de contención de propagación del Covid-19, Fortesza como muchas otras plataformas fintech del ecosistema local e internacional han probado ser medios de conveniencia para la materialización de transacciones”, afirma.

Para Christopher Chin, director de Tecnología y cofundador de Fortesza, “la cuarentena se ha convertido en el mecanismo de control de este problema sanitario, incrementado la demanda de soluciones ágiles que se acoplen a estas limitantes de confinamiento. Y es aquí donde las fintech y otros startups están frente a múltiples oportunidades, con la capacidad de operar remotamente sin interrupción de los servicios convencionales”.

Una idea en la que coincide Aldrete, para quien la tecnología financiera en medio de la pandemia ha dejado en claro la importancia de su integración al sistema y la necesidad del establecer un marco regulatorio.

Opina que estos eventos podrían ser la fuente para impulsar el avance en el proyecto de ley de modernización y competitividad del sistema financiero de Panamá. Sin embargo, considera que tendremos que esperar un poco más para ver cómo se desarrolla este tema.

La ola de empresas que están buscando alternativas ya se ha pronunciado en Fortesza. Medina nos comenta que frente a esta tendencia se han reforzado las medidas de administración de riesgo. “Se ha comenzado a aplicar variables que no se consideraban, por lo que el porcentaje de empresas admitidas pasan por filtros mucho más rigurosos”, señala.

Esta demanda de financiamiento hace clic con el apetito de inversionistas en busca de rendimientos atractivos que representen riesgos bajos. De acuerdo con Medina, en la segunda semana de abril 2020 la plataforma ha reportado la mayor cantidad de registros de inversionistas y la más alta en los últimos seis meses.

 

Para Alexandra Recaman, directora de Mercadeo de la empresa, promocionar y vender un servicio que a la vez es un producto nuevo, cuyas características están ligadas a la educación financiera y la transparencia, es un verdadero reto. “Mercadear un servicio y producto innovador como el crowdfactoring requiere de un enfoque educativo y enfatizar mucho en la transparencia de las operaciones. Solo así la audiencia comprenderá qué oportunidades existen al participar en su plataforma”. Sobre esta materia, Recaman hace énfasis en las leyes panameñas que le regulan.

 

En la actualidad, Fortesza está regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), El Ministerio de Comercio e Industrias de Panama (Mici y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Chin remarca que la falta de conocimiento en materia financiera supone una de las mayores barreras para la captación de potenciales usuarios, tanto empresas como inversionistas. “La mayoría de los usuarios que consultan la plataforma no manejan los conceptos crowdfunding y factoring. Tienden a confundirnos con otras operaciones más riesgosas como el Forex o la compra de cuentas malas”.

Al contrastar el resultado operativo que reporta Fortesza con estas limitantes en materia de educación financiera, vemos que el equipo está logrando sus objetivos y su staff comparte la motivación para continuar avanzando en la industria.

Recuerdan que entre sus objetivos están diversificar opciones de inversión a través de la tecnología, aportar una solución a las empresas y promover el emprendimiento.

Además, consideran que las fintech así como otras startups son parte fundamental de la estructura sobre la cual se debe apoyar el desarrollo y crecimiento económico país.

“Sin opciones como Fortesza se estaría dejando de lado un significativo segmento que ayudará definitivamente a mantener a flote la economía local”, señalan.

Sin embargo, también reconocen que el emprendimiento fintech es complejo, aconsejando que todo aquel que quiera encaminarse debe apoyar sus ideas en el marco legal existente. Chin comenta que “Fortesza empezó como una idea crowdfunding para bienes raíces. Al investigar sobre el mercado y los requerimientos, decidimos evaluar otras opciones. Y así, instruyéndonos en la materia, tomamos la decisión de incursionar en el segmento de factoring”.

Por otra parte, Recaman exhorta a la inclusión de género en la industria. Percibe que los estereotipos sobre el dominio del género masculino en las carreras tecnológicas y financieras podrían estar alejando al talento femenino. “Opino que los estereotipos deben quedar de lado. Las mujeres debemos atrevernos a demostrar nuestra capacidad y talento, tanto en la industria fintech como en otras áreas del emprendimiento”.

El crowdfactoring permite a la empresa la continuidad operativa que, a su vez, salvaguarda los intereses de las partes que se involucran de forma directa e indirecta en estas compañías.

Por otro lado, permite al público inversionista una alternativa de riesgo bajo de localización con rendimientos que impactan positivamente el poder adquisitivo. A su vez, aporta a la educación en materia financiera porque exige al usuario tomar decisiones en base al análisis y la compresión de conceptos como riesgo rendimiento o risk trade off.

Cadenas de abastecimiento reclaman por alternativas flexibles y alianzas cooperativas

mayo 26, 2020

Muchos son los comercios que dependen del buen funcionamiento de cadenas de abastecimiento para satisfacer la demanda de productos y servicios. Con la reducción de la actividad económica en China, que se ha extendido progresivamente al resto del mundo, esta dependencia se ha convertido en una amenaza para la pequeña y mediana empresa.

Se comienzan a observar afectaciones en las estructuras financieras y operacionales de las compañías, sin importar su segmento y clasificación, desatando cambios en los eslabones y, en consecuencia, en sus cadenas de valor.

Por ello, si se está en busca de la supervivencia comercial y darle un no por respuesta al fracaso, es imperativo considerar alternativas estratégicas de respuesta.

Recursos a disponibilidad

Profesionales del ámbito comercial internacional en Centroamérica coinciden en que las cadenas de abastecimiento flexibles y las alianzas colaborativas son estrategias alternativas clave para la subsistencia.

Para América Latina, donde una parte significativa de la actividad económica emana de empresas de pequeña y mediana envergadura, estas opciones representarían un gran apoyo.

De acuerdo con cifras emitidas por el Banco Mundial en su informe semestral para América Latina y el Caribe (12 de abril 2020), se pronostica una contracción regional del PIB de 4,6%.Ampliando el panorama, se indica una caída del 6% en México. Seguido de Argentina (5.2%), Brasil (5%), Perú (4.7%), Bolivia (3.4%), Chile (3%), Colombia (2%) y Panamá (2%). En condiciones normales, estas economías reportan sectores de logística y transporte altamente activos.

Según estos indicadores, Panamá figura entre los países de impacto moderado. Sin embargo, es un análisis relativo, por lo que desde la perspectiva individualista el istmo será afectado significativamente. La fuente principal de la contracción se concentra en la caída del comercio entre Asia y América. Según un informe reciente sobre el impacto de las economías de Haití, Centroamérica y República Dominicana (CID), publicado por el BID (10 abril 2020), el 44.8% del tráfico del Canal de Panamá se da entre estas dos regiones. Actualmente, la actividad del Canal representa el 4,2% del PIB del país.

Por otra parte, la situación prevista para la Zona Libre, contribuyente del 2,6% del PIB, exacerba los daños. Se estima que la zona franca será seriamente afectada por la reducción de las importaciones desde China y, por ende, la caída de las reexportaciones hacia Estados Unidos, la Unión Europea y Suramérica.

Considerando las implicaciones que pueden tener las interrupciones de las cadenas, tanto para la economía nacional como para el ámbito regional, es importante comprender qué sucede y cómo accionar.

Complejidad versus flexibilidad

Las cadenas se han regido tradicionalmente por protocolos detallados que responden a cada uno de los eslabones. Dichos protocolos han llegado a marcar una tendencia de relaciones de confianza entre proveedores, servicios de logística y clientes. Con la volatilidad de los mercados, acentuada por disputas comerciales y factores exógenos, estos protocolos rígidos ponen en riesgo toda una operación. Si se llega a truncar uno de los pasos, el resto de la cadena está destinada al fracaso. Tal como sucede con la actual paralización económica.

Por ello se hace énfasis en que las cadenas y su buen funcionamiento no deberían de estar condicionadas a las limitaciones de protocolos. Hoy día se requiere de planes de continuidad que contemplen contingencias y respuestas ágiles.

Ante esta problemática, se ha venido conversando de las cadenas de abastecimiento flexibles, caracterizadas por protocolos que consideran la necesidad de desviarse de la práctica convencional cuando así lo exijan las volatilidades del mercado.

Para Diana García, especialista en administración de cadenas de abastecimiento de consumo y farmacéuticas en Colombia, la flexibilización de cadenas en la práctica ha arrojado resultados positivos para empresas de diversa envergadura en su país. “Estas prácticas son favorables porque permiten el diseño de distintas actividades con el objeto de focalizar ventas, innovar, optimizar procesos, reducir costos, gestionar inventarios, aprovisionamiento y distribución. Dan oportunidad para actuar frente a la contingencia”, comenta.

Para García, es muy importante que la pequeña y mediana empresa deje de lado la idea errada de que la flexibilización de procesos de abastecimiento es un tema propio de los grandes competidores. “Si nos ubicamos en el plano internacional, la paralización económica de China ha tenido un impacto en cada uno de los comerciantes y empresas de diverso tamaño en el ámbito mundial. No solo quien distribuye cientos de líneas de productos de primera necesidad se verá afectado, también el comerciante de venta al detalle que recibe estos productos terminados para la venta”, opina.

La especialista en comercio internacional María Alexandra Pérez dice que el comerciante que mantenga procesos inflexibles está destinado al fracaso. “No adaptarse a los cambios no es una opción en tiempos actuales, es más bien una obligación si lo que se busca es abolir el fracaso empresarial”, afirma.

Los argumentos citados evidencian el reto de las empresas con respecto a factores de dependencia transversales que componen el suministro, la capacidad de producción, la distribución, y la comercialización de productos. Bajo los parámetros actuales, las operaciones no se logran desarrollar de manera regular permeando la continuidad de los procesos requeridos.

Esto es preocupante desde la perspectiva financiera, porque no se logran cumplir los objetivos de la planeación con respecto a los flujos de efectivo y el servicio al cliente. Según Pérez, “la logística al ser transversal en cualquier negocio, siempre debe proveer soluciones y estar lista para reaccionar y responder de acuerdo con las necesidades del mercado, siempre salvaguardando los intereses de los inversionistas y de su consumidor final”.

En lo que respecta a las alianzas colaborativas, estas son estrategias que deben plasmarse para obtener impactos positivos. García comenta que, en su experiencia, estas estrategias aseguran por encima del 90% el éxito, frente a contingencias que amenazan la armonía de la cadena. “Las alianzas son relaciones estrictamente formales, donde cada una de las partes del eslabón se compromete a responder para el beneficio de las otras partes. En tiempos de crisis no puede haber individualismo, de lo contrario estaremos armando rompecabezas que no encajan”, remarca.

Retos

Pérez reconoce que frente a la situación actual, muchos no estarán en la capacidad de integrar estas alternativas en sus planes actuales de continuidad, sin embargo, hace un llamado a que sean consideradas postcrisis.

Frente a las limitaciones, Pérez comparte otras recomendaciones que la empresa organizada y planificada, independientemente de su envergadura, podría aplicar como respuesta a la afectación. Primero, si han sido realizadas compras a futuro, una opción sería replantear los tiempos de solicitud de futuro inventario, de acuerdo con proyecciones de demanda. De tratarse de productos en tránsito que no pueden ser entregados al destino, se podría analizar la capacidad de nacionalizar y promover en el mercado local, sea parcialmente o en su totalidad. Por otro lado, si se mantiene inventario en bodegas, es necesario replantear la actividad de acuerdo con el inventario en tránsito o en producción versus la demanda, y de una u otra forma sacrificar en base a análisis de priorización. “En estos momentos de crisis, tanto los proveedores como los clientes son aliados y la estrategia debe ser construida de manera mancomunada, es decir, lograr la satisfacción de todas las partes”, enfatiza. Como segunda recomendación, señala la importancia de informarse y entender a cabalidad las medidas especiales, facilidades y estímulos tributarios y financieros otorgados en cada país para la actual situación, justificando que en estos podrían descubrirse oportunidades.

Es habitual que factores atípicos se susciten en los procesos de planificación de la demanda. Sin embargo, hoy este término es un elemento fundamental para determinar los posibles escenarios que las empresas deben replantearse. Principalmente en lo que concierne a la previsión de ventas, recuperación de la confianza del consumidor, elaboración de pronósticos, análisis de patrones de consumo, para esta temporada y para los 12 meses siguientes. “Es imperativo que la situación actual se tome como enseñanza y se replanteen los protocolos de cadenas de suministro, para que estas sean suficientemente robustas y capaces de moldearse a la realidad.” concluye Pérez.

2020 escenario para las Too Big To Fail y los Bailouts

mayo 25, 2020

Too big to fail (tbtf), es un concepto con más de tres décadas de existencia, popularizado en los años de la crisis hipotecaria (2007-2008) y que parece estar cobrando protagonismo en la actualidad. Y es que la crisis ha traído consigo el reto de la continuidad de los negocios para muchos agentes económicos que son considerados sistemáticamente importantes. Hasta el punto de que el fracaso de sus operaciones, significaría el colapso de distintos sectores.

Dada la exposición que tienen los sistemas económicos frente a los posibles fracasos empresariales, el concepto too big to fail o demasiado grande para fallar, guarda una relación muy particular con el rescate financiero, comúnmente conocido como bailout.

Este último hace referencia al apoyo económico extendido principalmente por parte de la nación de origen de las operaciones de un determinado negocio.

Tal como lo ilustra la historia, el sector financiero e industrial estadounidense reporta la mayor cantidad de compañías caracterizadas como too big to fail, además de los planes de rescate más onerosos.

El apoyo gubernamental

Destacan también en la historia, la intervención gubernamental estadounidense a la empresa aeroespacial Loughead Aircraft en los años 70; la crisis que atravesó la automotriz Chrysler en los años 80 y posteriormente entre los años 2008-2014 junto a General Motors; el rescate de la institución financiera Bear Stearns, de la aseguradora AIG y las hipotecarias Freddie Mac y Fannie Mae (2007-2008).

Sin embargo, la crisis que hoy nos atañe tiene un nuevo protagonista en el campo de las too big to fail y los bailout, se trata del sector aeronáutico, principalmente las aerolíneas.

Estas compañías son agentes económicos importantes para la conectividad global y piezas clave para el desarrollo. Dejarlas fallar impondría altos costos para el desarrollo y, por ende, también para el crecimiento. Este es un tema que preocupa principalmente en América Latina, donde la conexión entre zonas geográficas se limita a las facilidades que ofrecen las aerolíneas.

En esta región no se cuenta con sistemas ferroviarios como en Europa, donde existe esta alternativa.

La actividad del sector se ha llegado a reducir hasta en un 95%, dependiendo solo de los servicios de carga. Estos últimos generan ingresos insuficientes que podrían alcanzar el 10% o menos.

De acuerdo con los informes de la Autoridad Internacional de Transporte Aéreo (IATA), en el ámbito mundial se estima la reducción de $314 mil millones de ingresos por pasajeros, una caída del 55% con respecto a 2019 (14 de abril 2020).

Con todo esto, aunado a la evolución lenta y gradual de la reapertura económica, no sería sorpresa que se materialicen los bailout.

Algunos casos

En lo que respecta al ámbito internacional, a la fecha se confirma la extensión de rescate financiero a 13 aerolíneas, de las cuales 10 desarrollan operaciones esenciales en Europa y 3 en Norteamérica.

Entre estas listan Air France-KLM, que reporta un apoyo de $7 mil millones por parte de Francia y entre $2 mil a $4 mil millones por parte de Holanda.

Sobre América Latina, entre las principales empresas aeronáuticas que han manifestado la necesidad de rescate financiero se encuentran Avianca Holdings, Gol Linhas Aéreas y Azul Linhas Aéreas.

Avianca Holdings planteó su necesidad de liquidez a finales de abril 2020, solicitando al Gobierno de Colombia un apoyo para hacer frente a las afectaciones económicas de la pandemia.

Sin embargo, siendo una compañía de inversionistas extranjeros, con operaciones en Panamá, la comunidad colombiana ha expresado su descontento.

El 10 de mayo, frente a lo que se considera la búsqueda de una vía de subsistencia mientras se logra negociar un rescate, Avianca Holdings se acogió a un proceso concursal de reorganización bajo el capítulo 11 de Estados Unidos, logrando así la protección temporal de las operaciones, bajo la supervisión del sistema judicial estadounidense.

Avianca Holdings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías Grupo Taca Internacional basadas en Centroamérica y Perú. Actualmente vuela a 27 países de América y Europa, siendo Colombia donde maneja el 65% del mercado interno, operando más de 700 vuelos diarios antes de la crisis sanitaria. Genera 21,000 plazas de trabajo y mantiene relaciones con más de 1,200 proveedores.

De acuerdo con la participación de mercado (statista.com, 2019), la aerolínea con un 7.4% ocupa el cuarto lugar entre las diez aerolíneas más importantes de la región latinoamericana.

¿Deben extenderse los rescates?

Los bailout nunca son vistos con buenos ojos. Por lo que casos como el de Avianca Holdings siempre causarán polémica. Principalmente por el riesgo moral (moral Hazard), en el cual las actuaciones de un individuo repercuten en otros, sin que estos últimos cuenten con la información suficiente para determinar las causas.

Es un concepto que encaja perfectamente en el tema de los rescates financieros gubernamentales a las corporaciones. Tal como lo ilustran las expresiones en redes sociales, las personas cuestionan si la situación crítica actual por la que atraviesa la aerolínea, y otros agentes económicos, son el resultado del impacto negativo de la pandemia o de actos previos por parte de sus administraciones.

Siendo los fondos estatales o la adquisición de nuevas obligaciones por parte del Estado la fuente de los recursos que se utilizan en el bailout, los contribuyentes lo catalogan como una carga. Para estos, la extensión de un paquete de rescate termina siendo un beneficio para los accionistas y los acreedores.

Así lo ilustra la polémica del rescate de las automotrices General Motors (GM) y Chrysler 2008-2014. De acuerdo con los reportes, entre el rescate a GM y Chrysler el Gobierno invirtió $80.7 mil millones, de los cuales se estima que los contribuyentes perdieron $10.2 mil millones ya que las posiciones de los activos adquiridos por el Gobierno se reportaron en $70.5 mil millones.

Pero frente a todo el coste a la sociedad, también se obtienen contextos económicos más favorables al evitar que, tras el abandono de la compañía, todos suframos una repercusión directa e inmediata a razón del desempleo, reducción de la demanda y baja en la oferta.

Por otro lado, debemos reconocer que las compañías se convierten en la insignia de naciones, y que de la complejidad de sus operaciones y los riesgos mayores, también se generan rendimientos que de forma directa o indirecta terminan por favorecer las economías donde mantienen presencia.

El rescate financiero del sector privado se debe comprender a partir de la claridad de los factores que llevaron a una determinada compañía a la situación de insolvencia critica en la que se encuentre y de un análisis costo-beneficio. De lo contrario, se da lugar a debates incesantes sobre porqué ayudar a un agente económico que hasta cierto punto se considera debió haber sido más conservador con respecto al risk-trade off (factor de compensación entre el riesgo y las ganancias) de sus operaciones.

Los mercados latinoamericanos deberán desarrollar e implementar regulaciones para mitigar riesgos sistemáticos, que terminan por imponer un costo al contribuyente de clase media.